Es una lectura imprescindible para cualquiera que se sienta abrumado por los impuestos, la burocracia o las incertidumbres económicas.
Este libro aborda de manera directa y accesible temas como los impuestos, las pensiones, la herencia y cómo se gastan nuestros impuestos. El autor utiliza un lenguaje claro y ejemplos cotidianos que todos podemos relacionar con nuestras vidas.
Particularmente, recomiendo este libro a emprendedores y autónomos que están lidiando con desafíos gubernamentales en España. Ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo el sistema afecta a nuestras vidas y te hace pensar para generar debate.
En España hemos considerado siempre a las personas emprendedoras parte fundamental de una sociedad sana y productiva y, a la vez, hemos repudiado la palabra empresario. Pero la realidad es que, si un joven emprendedor consigue el éxito, pasa a ser un temible empresario explotador. Paradójico, ¿verdad? Creo que este problema (porque es un problema) viene dado por el error conceptual que cometemos los españoles cuando nos referimos a un empresario.
• Grandes empresas → más de 250 asalariados y una facturación superior a los 50 millones de euros anuales.
• Medianas empresas → entre 50 y 249 asalariados y una facturación de entre 10 y 50 millones de euros.
• Pequeñas empresas → entre 10 y 49 asalariados y una facturación anual de entre 2 y 10 millones de euros.
• Microempresas → entre 1 y 9 asalariados y una facturación anual de menos de 2 millones de euros.
• Empresas sin asalariados → 0 asalariados, es decir, el único empleado que hay es el dueño de la empresa.
Bien, pues, según las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a mediados del año 2023, el 99,8% de todas las empresas de España entran en los cuatro últimos grupos, es decir, entre las denominadas pymes (pequeñas y medianas empresas).
Del total de las microempresas —es decir, las que tienen entre cero y nueve trabajadores—, un 54,5% son microempresas con cero trabajadores, es decir, con cero personas asalariadas contratadas. Primer mito desmontado: la inmensa mayoría de los empresarios españoles son gente como tú y como yo.
Siempre se habla de blindar los derechos del trabajador, pero de proteger los derechos para evitar la explotación y los abusos a que la regulación infecte el tejido laboral al completo —lo que perjudica al creador de empleo y, por ende, al empleado— hay un gran salto. Dificultar el despido supone dificultar la contratación, especialmente en el caso de las pymes. Si las empresas no pueden despedir fácilmente a los empleados que no cumplen con sus obligaciones o que no se adaptan a los cambios en el mercado, es posible que se vean obligadas a mantener a trabajadores ineficientes o poco productivos, con el riesgo de sufrir una disminución en la calidad del trabajo y la innovación y, en última instancia, una pérdida de competitividad.
Por otro lado, dificultar el despido también puede tener un efecto negativo en la moral de los trabajadores y en la cultura empresarial. Si los empleados saben que no es fácil que los despidan, quizá se sientan menos motivados para esforzarse y mejorar su rendimiento, lo que afectaría negativamente a la productividad de la empresa en su conjunto. Además, se puede generar resentimiento entre los trabajadores que sí cumplen con sus obligaciones, pues percibirían que están siendo penalizados por los malos desempeños de sus compañeros.
Ejemplo:
• Cotización por contingencias comunes: 23,60% del salario bruto, es decir, 7.380 €/año.
• Cotización por formación profesional: 0,60%, 188 €/año.
• Cotización por desempleo: 5,50% en contratos indefinidos, 1.721 €/año.
• Tarifa de primas por accidentes del trabajo (AT) y enfermedad profesional (EP): 2,6%, 813,5 €/año.
• Otra vez el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI): 0,5%, 156,5 €/año.
• Cotización al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa): 0,20%, 63 €/año.
—Por tanto, para que tu empleado cobre 2.000 euros al mes, tendrás que pagar… A ver, déjame que sume… Sí, 41.612 euros en total, 3.467 euros al mes.
Se gasta 15% en sanidad, 10% en educación, 40% en pensiones, 9% en los intereses de la deuda y, siendo muy generosos, un 2% en infraestructuras. Total: 76%. Fijémonos ahora en algo que suele ser polémico: defensa. Lo que nos cuestan nuestros militares y sus infraestructuras representa algo más del 2%.
Luego tenemos las ayudas al desempleo. Ya sabes que en España nos hemos acostumbrado a unas cifras de paro escandalosas, que deberían darnos vergüenza y que nos llevan a acaparar un permanente primer puesto de la Unión Europea. Bueno, pues las ayudas y prestaciones a los parados se comen casi un 5% del presupuesto. Y un 4% va a lo que denominamos otras prestaciones económicas, que, básicamente, son ayudas sociales, como el ingreso mínimo vital, por ejemplo. ¿Y qué pasa con la justicia? Ese pilar demócrata que sostiene las bases de una sociedad digna y moderna en España acapara el 1% del total. ¿Qué? ¿Otra sorpresa? También están las partidas destinadas a la industria, la agricultura y la pesca, la alimentación, el transporte… Un conglomerado de ayudas y subvenciones importante que representa casi un 8%.
Si sumas los porcentajes que hemos observado hasta ahora, comprobarás que hemos cubierto el 98% del gasto público, aproximadamente. El 2% que falta es un cajón de sastre donde puedes meter todo lo que eches en falta.
En España tenemos la sorprendente y curiosa costumbre de pagar por trabajar. Da igual que no generes ingresos, da igual que a final de mes tus números estén en rojo, da igual si vives con más o menos problemas: si quieres trabajar, primero serás atracado. Emprender es depender de ti mismo, de asumir riesgos y la responsabilidad que conllevan. Es duda, constancia y voluntad. Es incertidumbre, miedo y valentía. Emprender es la base de la creación de riqueza, del desarrollo de las sociedades, de la apuesta por el futuro.Empecemos por el principio: la cuota de los autónomos no debe ser ni alta, ni media, ni baja. SIMPLEMENTE, LA CUOTA NO DEBERÍA EXISTIR. Penalizar que una persona quiera ganarse la vida por sí misma es un acto delictivo.
Un autónomo que en el año 2022 estaba ingresando 2.800 euros netos al mes pagaba 294 euros si se acogía a la base mínima. En 2023 pagará 350, un 19% más; en 2024, 360 euros, un 22% más; y en 2025, 440, un 50% más.
Querer ser empleado público en nuestro país atiende a una de estas dos razones: vocación o estabilidad. La inmensa mayoría de los que deciden ser funcionarios por vocación lo desean desde su juventud: jueces, policías, militares, bomberos… e incluso políticos.
La pandemia de COVID-19 también ha sido un detonante de gente que quiere opositar. En un momento crítico, mientras unos veían como su puesto de trabajo caía en ERTE infinitos o directamente perdían el empleo, los empleados públicos seguían cotizando sin apenas inconvenientes. Según informes de OpositaTest, una de las plataformas de preparación de oposiciones más grandes de España, la demanda de opositores creció desde la llegada del coronavirus un 30%, con la «estabilidad laboral» como principal objetivo de los candidatos.
A mediados del año 2023, el empleo público en España estaba compuesto por un total de 3.523.900 personas, una cifra récord.
El verdadero inconveniente en la creación de redes clientelares es que puede perpetuar la pobreza y la marginación en lugar de resolverlas. En vez de tratar las causas subyacentes de la exclusión social, los programas de asistencia social mantienen a las personas eternamente dependientes de la ayuda estatal e incapaces de escapar de la pobreza. Donde hay un buen negocio hay prosperidad, y el negocio que ciertas políticas generan para los que las dirigen se sustenta en fomentar la incapacidad de la gente a valerse por sí misma.
La cultura de la subvención es la cultura de la dependencia, que acaba transitando hacia la obediencia y culmina en la corrupción. Una cosa que funciona no tiene la necesidad de ser subvencionada y respaldada por un político, y una cosa que no funciona, es decir, que no supera el test del mercado, es que o no cumple con los requerimientos de la demanda, o no cubre ninguna demanda o, simplemente, es peor que la competencia, razón por la cual tampoco debe ser subvencionada. Cuando se otorgan subvenciones a ciertas empresas o industrias, se les brinda una ventaja, lo que perjudica a las firmas que no reciben ayudas: estas son obligadas a competir en desigualdad de condiciones, las ideas más innovadoras y eficientes quedan anuladas y el mercado en general se distorsiona.
El Estado se ha convertido en el mayor heredero de España. El impuesto de sucesiones es un robo. Pero se trata de un robo especial, un robo que destaca por encima del resto por una sencilla razón: es tremendamente inmoral. Es un impuesto a la muerte, un impuesto a la última voluntad de una persona, a su legado. Se gravan los mismos bienes generación tras generación y, en ocasiones como la de Javier, de manera confiscatoria. Quizá sea el tributo más injusto que existe hoy en día y el que cuente con menos popularidad. En general, toca afrontarlo en el peor momento posible, tras el fallecimiento de un familiar o conocido, y ha desencadenado auténticos dramas en familias que han visto cómo el patrimonio de los suyos se lo tragaba la burocracia política. Es donde observamos de la manera más directa posible la voracidad del sistema.
El dinero que aportamos cada mes a la seguridad social no se utiliza para pagar nuestras pensiones del futuro, sino que se usa para pagar las pensiones de los jubilados del presente. Por tanto, igual que los pensionistas de hoy dependen de los cotizantes de hoy, los pensionistas del futuro dependerán de los cotizantes del futuro. Ahora podemos entender por qué el sistema ha dado la sensación de rodar perfectamente durante años: los primeros pensionistas que se incorporaron a este modelo eran muy pocos comparados con la gran masa de trabajadores que les pagaban la pensión; además, la esperanza de vida era más baja y no había tantísima gente en paro, entre otras cuestiones.
1. Subir la edad de jubilación. Realmente, esto llevamos haciéndolo ya varios años, cosa que demuestra la insostenibilidad del sistema, por cierto.
2. Traer inmigrantes.
3. Subir los ingresos del Estado. La tercera medida es muy fácil de entender: aumentar el dinero que recibe el Gobierno. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, la respuesta te la sabes de sobra a estas alturas: subiendo (aún más) los impuestos.
4. Bajar el gasto en pensiones. Es quizá la solución más drástica y menos popular de todas. Adivina por qué. En España hay más de 10 millones de pensionistas. Repito, más de 10 millones. ¿Y sabes qué son más de 10 millones de personas? Más de 10 millones de votos.
5. Aumentar la productividad de los trabajadores y, en consecuencia, sus salarios. El quinto punto es, visto lo visto, incluso más complicado que el anterior, pero implicaría que, aunque la base de la pirámide se estrechase, los trabajadores pudiesen aportar lo suficiente para que los jubilados siguieran cobrando pensiones dignas.
Australia a diferencia de nosotros, se dieron cuenta del enorme problema que podría acarrear en un futuro un mal diseño del programa de jubilación y decidieron implantar un modelo diferente. Un modelo en el que el ahorro y la gestión privada de cada individuo supusiese la base fundamental de las pensiones. Lo que hicieron fue establecer un sistema en el que el empleado tiene que aportar de manera obligatoria un porcentaje de su salario a fondos de pensiones privados para que estos generen rentabilidades a lo largo del tiempo que el trabajador esté en activo. Es decir, en vez de destinar esa parte de su salario a pagar a los pensionistas con la esperanza de que se haga lo mismo con él más adelante, lo dedican a inversión privada para recoger los frutos en el futuro sin depender de nadie. A este modelo lo llamaron superannuation, y actualmente cada asalariado lo alimenta con el 10,5% de su sueldo. Y no pienses que las inversiones que hay que hacer las decide el Gobierno ni que hay poca variedad: los australianos pueden elegir entre más de 400.000 fondos, con diferentes perfiles de riesgo y variedad. Además, ese 10,5% es el mínimo obligatorio por ley, pero el trabajador es libre de destinar la cantidad que quiera de su salario, algo que genera beneficios fiscales e incentiva el ahorro para el futuro.
¿Y cuánto les cuesta este sistema de pensiones públicas a los australianos? ¿Es muy abultado? Pues el gasto está en torno al 3% del PIB. Para que te hagas una idea, el de España está en el 14%, con previsiones de superar —por lo que venimos comentando— el 16% de aquí a unos años.
Además, el modelo de Australia ofrece grandes incentivos para gestionar el dinero con cabeza, ya que solo lo puedes cobrar cuando te retires o cumplas 65 años, lo que favorece que te tomes en serio estas operaciones para llegar a la jubilación con lo máximo posible. Pero, para mayor comodidad, otro punto excepcional es que, en caso de que sufras dificultades económicas extremas, enfermedad o discapacidad, puedes solicitarlo antes de tiempo.
Otra curiosidad es que, si vas unos años a trabajar a Australia, ese porcentaje de tu sueldo destinado a la jubilación se sigue invirtiendo en esos fondos, pero en el momento en el que te vas del país, se liquida y vuelve a ti, porque es tuyo. Ah, un pequeño dato sin importancia, este sistema de pensiones fuertemente privatizado fue puesto en marcha por un Gobierno de izquierdas. Concretamente el de Bob Hawke.
La complejidad del sistema fiscal español revela las oscuras intenciones del Estado. La maraña intrincada de impuestos y regulaciones no es más que una estratagema diseñada para confundir y engañar al ciudadano medio. Este laberinto fiscal no solo dificulta la comprensión, sino que también oculta las verdaderas implicaciones y consecuencias de los impuestos, lo que deja al individuo a merced de un sistema opaco y despiadado. Es evidente que el Estado busca aprovecharse de la confusión para mantener a la población en la ignorancia y exprimir cada céntimo posible de sus bolsillos. La falta de transparencia y la negativa a simplificar la estructura son una afrenta al bienestar de la gente y socavan la confianza en las instituciones gubernamentales. Es imprescindible denunciar estas malas intenciones y exigir un sistema fiscal claro, accesible y justo, que no sea una herramienta de explotación del Estado, sino un instrumento para el beneficio y el progreso de todos los ciudadanos.
It is a must-read for anyone feeling overwhelmed by taxes, bureaucracy, or economic uncertainties.
This book addresses in a direct and accessible way topics such as taxes, pensions, inheritance and how our taxes are spent. The author uses clear language and everyday examples that we can all relate to our lives.
Particularly, I recommend this book to entrepreneurs and self-employed people who are dealing with government challenges in Spain. It offers valuable insight into how the system affects our lives and makes you think to spark debate.
In Spain we have always considered entrepreneurial people a fundamental part of a healthy and productive society and, at the same time, we have repudiated the word entrepreneur. But the reality is that, if a young entrepreneur achieves success, he becomes a fearsome exploitative businessman. Paradoxical, right? I think that this problem (because it is a problem) is caused by the conceptual error that we Spaniards make when we refer to a businessman.
• Large companies → more than 250 employees and a turnover of more than 50 million euros annually.
• Medium-sized companies → between 50 and 249 employees and a turnover of between 10 and 50 million euros.
• Small companies → between 10 and 49 employees and an annual turnover of between 2 and 10 million euros.
• Microenterprises → between 1 and 9 employees and an annual turnover of less than 2 million euros.
• Companies without employees → 0 employees, that is, the only employee there is is the owner of the company.
Well, then, according to official figures published by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism in mid-2023, 99.8% of all companies in Spain fall into the last four groups, that is, among the so-called SMEs ( small and medium businesses).
Of the total microenterprises—that is, those that have between zero and nine workers—, 54.5% are microenterprises with zero workers, that is, with zero salaried people hired. First myth debunked: the vast majority of Spanish entrepreneurs are people like you and me.
There is always talk of protecting the rights of the worker, but of protecting the rights to prevent exploitation and abuses that the regulation infects the entire labor fabric – which harms the job creator and, therefore, the employee – there is a big leap. Making dismissal difficult means hiring is difficult, especially in the case of SMEs. If companies cannot easily fire employees who do not fulfill their obligations or who do not adapt to changes in the market, they may be forced to retain inefficient or unproductive workers, risking a layoff. in the quality of work and innovation and, ultimately, a loss of competitiveness.
On the other hand, making it difficult to dismiss can also have a negative effect on worker morale and company culture. If employees know that they cannot easily be fired, they may feel less motivated to work hard and improve their performance, which would negatively affect the productivity of the company as a whole. Furthermore, resentment can be generated among workers who do comply with their obligations, as they would perceive that they are being penalized for the poor performance of their colleagues.
Example:
• Contribution for common contingencies: 23.60% of the gross salary, that is, €7,380/year.
• Contribution for vocational training: 0.60%, €188/year.
• Unemployment contribution: 5.50% in permanent contracts, €1,721/year.
• Premium rate for work accidents (AT) and occupational disease (EP): 2.6%, €813.5/year.
• Again the intergenerational equity mechanism (MEI): 0.5%, €156.5/year.
• Contribution to the Salary Guarantee Fund (Fogasa): 0.20%, €63/year.
—Therefore, for your employee to earn 2,000 euros per month, you will have to pay… Let’s see, let me add it up… Yes, 41,612 euros in total, 3,467 euros per month.
15% is spent on health, 10% on education, 40% on pensions, 9% on debt interest and, being very generous, 2% on infrastructure. Total: 76%. Let’s now look at something that is usually controversial: defense. What our military and their infrastructure cost us represents just over 2%.
Then we have unemployment aid. You already know that in Spain we have become accustomed to scandalous unemployment figures, which should make us ashamed and which lead us to permanently occupy first place in the European Union. Well, aid and benefits for the unemployed eat up almost 5% of the budget. And 4% goes to what we call other economic benefits, which are basically social aid, such as the minimum vital income, for example. And what about justice? This democratic pillar that supports the foundations of a dignified and modern society in Spain accounts for 1% of the total. That? Another surprise? There are also items destined for industry, agriculture and fishing, food, transportation… An important conglomerate of aid and subsidies that represents almost 8%.
If you add up the percentages that we have observed so far, you will see that we have covered approximately 98% of public spending. The missing 2% is a mixed bag where you can put everything you miss.
Wanting to be a public employee in our country responds to one of these two reasons: vocation or stability. The vast majority of those who decide to be civil servants by vocation have wanted to do so since their youth: judges, police, soldiers, firefighters… and even politicians.
The COVID-19 pandemic has also been a trigger for people who want to oppose. At a critical moment, while some saw their jobs fall into endless ERTE or directly lose their jobs, public employees continued contributing with hardly any inconvenience. According to reports from OpositaTest, one of the largest opposition preparation platforms in Spain, the demand for opposition candidates has grown by 30% since the arrival of the coronavirus, with «job stability» as the main objective of the candidates.
In mid-2023, public employment in Spain was made up of a total of 3,523,900 people, a record number.
The real drawback to creating clientelist networks is that it can perpetuate poverty and marginalization instead of solving them. Instead of addressing the underlying causes of social exclusion, social assistance programs keep people eternally dependent on state aid and unable to escape poverty. Where there is good business there is prosperity, and the business that certain policies generate for those who direct them is based on promoting the inability of people to take care of themselves.
The culture of subsidy is the culture of dependency, which ends up moving towards obedience and culminates in corruption. A thing that works does not have the need to be subsidized and supported by a politician, and a thing that does not work, that is, that does not pass the market test, is that either it does not meet the requirements of the demand, or it does not cover no demand or, simply, it is worse than the competition, which is why it should not be subsidized either. When subsidies are granted to certain companies or industries, they are given an advantage, which harms firms that do not receive aid: they are forced to compete under unequal conditions, the most innovative and efficient ideas are canceled and the market in general is distorted.
The State has become the greatest heir of Spain. The inheritance tax is theft. But this is a special robbery, a robbery that stands out above the rest for one simple reason: it is tremendously immoral. It is a tax on death, a tax on a person’s last will, on their legacy. The same assets are taxed generation after generation and, sometimes like Javier’s, in a confiscatory manner. Perhaps it is the most unfair tribute that exists today and the one with the least popularity. In general, it has to be faced at the worst possible moment, after the death of a family member or acquaintance, and it has unleashed real dramas in families who have seen how their family’s assets were swallowed up by the political bureaucracy. It is where we observe in the most direct way possible the voracity of the system.
The money we contribute each month to social security is not used to pay our pensions in the future, but rather it is used to pay the pensions of retirees today. Therefore, just as today’s pensioners depend on today’s contributors, future pensioners will depend on future contributors. Now we can understand why the system has seemed to work perfectly for years: the first pensioners who joined this model were very few compared to the large mass of workers who paid them their pension; In addition, life expectancy was lower and there were not so many people unemployed, among other issues.
1. Raise the retirement age. Actually, we have been doing this for several years now, which demonstrates the unsustainability of the system, by the way.
2. Bring immigrants.
3. Increase State income. The third measure is very easy to understand: increase the money the Government receives. And how is that done? Well, you know the answer very well by now: by raising taxes (even more).
4. Reduce spending on pensions. It is perhaps the most drastic and least popular solution of all. Guess why. In Spain there are more than 10 million pensioners. I repeat, more than 10 million. And do you know what more than 10 million people are? More than 10 million votes.
5. Increase the productivity of workers and, consequently, their salaries. The fifth point is, given what we have seen, even more complicated than the previous one, but it would imply that, even if the base of the pyramid narrowed, workers could contribute enough for retirees to continue receiving decent pensions.
Australia, unlike us, realized the enormous problem that a poor design of the retirement program could cause in the future and decided to implement a different model. A model in which the savings and private management of each individual would be the fundamental basis of pensions. What they did was establish a system in which the employee must contribute a percentage of their salary to private pension funds so that they generate returns throughout the time that the worker is active. That is, instead of allocating that part of his salary to pay pensioners in the hope that the same will be done for him later, they dedicate it to private investment to reap the benefits in the future without depending on anyone. They called this model superannuation, and currently each employee is fed with 10.5% of their salary. And don’t think that the investments to be made are decided by the Government or that there is little variety: Australians can choose from more than 400,000 funds, with different risk profiles and variety. Furthermore, that 10.5% is the minimum required by law, but the worker is free to allocate the amount he wants from his salary, something that generates tax benefits and encourages savings for the future.
And how much does this public pension system cost Australians? Is it very bulky? Well, spending is around 3% of GDP. To give you an idea, Spain’s is at 14%, with forecasts to exceed – from what we have been discussing – 16% in a few years.
In addition, the Australian model offers great incentives to manage money wisely, since you can only collect it when you retire or turn 65, which encourages you to take these operations seriously to reach retirement with as much as possible. But, for greater convenience, another exceptional point is that, in case you suffer extreme financial difficulties, illness or disability, you can request it ahead of time.
Another curiosity is that, if you go to work in Australia for a few years, that percentage of your salary destined for retirement continues to be invested in those funds, but the moment you leave the country, it is liquidated and comes back to you, because it’s yours. Ah, a small unimportant fact, this heavily privatized pension system was launched by a left-wing government. Specifically Bob Hawke’s.
The complexity of the Spanish tax system reveals the dark intentions of the State. The intricate tangle of taxes and regulations is nothing more than a ruse designed to confuse and deceive the average citizen. This fiscal labyrinth not only makes it difficult to understand, but also hides the true implications and consequences of taxes, leaving the individual at the mercy of an opaque and ruthless system. It is evident that the State seeks to take advantage of the confusion to keep the population in ignorance and squeeze every penny possible from their pockets. The lack of transparency and refusal to simplify the structure are an affront to people’s well-being and undermine trust in government institutions. It is essential to denounce these bad intentions and demand a clear, accessible and fair tax system, which is not a tool of exploitation of the State, but an instrument for the benefit and progress of all citizens.
David, earth planet , knopfler and a humble man 